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¿Crisis?

Y es que en los últimos años los analistas financieros, presidentes de bancos, organismos internacionales y demás personajes, que gozan de toda la información macro-económica y social posible, no consiguen dar con las claves que resuelvan la crisis.

Quizás, los frutos de dicha información les sirva para hacerse más ricos ellos, pero no para solucionar la crisis internacional que ya recuerda a la Gran Depresión sufrida en la década de los años 30 del sigo pasado. Los economistas afirmaban que era inviable que una situación como la Gran Depresión pudiera volver a repetirse en nuestro siglo. Hoy nadie niega que nuestra crisis tiene muchos puntos en común con aquella y la solución sigue sin llegar.

La información económica y política en si misma no aporta nada. Ahora bien, comprendida correctamente debería llevar a analizar la evolución de los comportamientos de las personas que formamos la sociedad para dejar entrever los problemas que nos rodean y que modifican los hábitos de consumo e inversión de los factores productivos de la sociedad.

No hace mucho tiempo se hablaba, y desde mi punto de vista acertadamente, de crisis de valores y de confianza. Y es que el panorama internacional hoy sigue invitando a pensar así.

Nuestro caso, el español, está afrontando el proceso de reestructuración de manera muy dolorosa para sus habitantes. Se han creado algunas bases para la recuperación con reformas estructurales importantes, pero el empleo, motor de cualquier economía, no llega. El crédito continúa restringido. La presión fiscal aumenta. El panorama industrial español está bastante tocado. La inversión en I+D es prácticamente nula. La política energética, olvidada…

En este contexto es muy complicado que la inversión privada arranque, que el consumo de las familias se incremente o que volvamos a un entorno de crecimiento sostenido. Para cambiar el contexto se necesita compromiso y que todos, Europa incluida, trabajemos en la misma dirección: El estado debe crear el marco que permita a las empresas privadas obtener crédito para la puesta en marcha de proyectos productivos. Debe reducir la presión fiscal directa a las familias. Debe adelgazar su estructura y dar pasos para modernizar algunas administraciones (por ejemplo Justicia). Debe favorecer activamente la incorporación de los jóvenes al mercado laboral…

Queda mucho trabajo aún para poder mirar atrás y hablar del fin de la crisis pero no estaría mal que por una vez le saquemos todo el partido a la información que tenemos y unamos nuestros esfuerzos en una misma dirección.

De nuevo Keynes tiene la solución por no hacer los deberes

Después de los fracasos por reactivar la economía europea a base de inundar el mercado de liquidez, dando barra libre a los bancos, bajando los tipos a cotas récord y subiendo la tasa negativa sobre la facilidad crediticia al -0,20%, ideas que de forma teórica funcionarían en el plano de aumentar el crédito a empresas y particulares estimulando el consumo, la inversión y el empleo, nos volvemos a plantear las ideas keynesianas como última bala para evitar la tan temida deflación.

La política monetaria orquestada por Alemania e interpretada por el BCE no ha tenido, ni va a tener efecto alguno, sobre el crecimiento de la economía mientras exista una ausencia de expectativas fundadas acerca del futuro, y estas no se producirán mientras los estados no implementen reformas de verdadero calado en sus economías, lo que parece ser imposible con la casta política que nos ha tocado en suerte.

Por todo ello, sólo nos queda Keynes. Contra todo lo dicho en los últimos años, y para evitar el desastre que se nos viene encima, comenzaremos a “darle a la maquina del dinero” para hacer compras masivas de deuda soberana y, para gozo de nuestros gobernantes, a pedirles que comiencen a gastar compulsivamente. Con ello, recuperaremos el consumo y la inversión, y por qué no, el empleo. Se harán los cálculos necesarios para demostrar que estos incrementos no empeorarán el ratio de endeudamiento de los países ya que se mejoraran las cuentas por el lado de los ingresos y las emisiones de deuda serán más baratas, pero los deberes seguirán sin estar hechos. Ya los harán políticos más valientes en el futuro.

Si llevásemos estos razonamientos a la empresa, un buen directivo jamás estaría de acuerdo en que la solución para su compañía en apuros y sin crecimiento fuese tener temporalmente más crédito y más barato. Al menos, no a largo plazo. Si no soy competitivo, ni estoy preparado ni formado para competir en el mercado, una solución de este tipo sólo es una bocanada de aire más antes de volver a tener problemas mientras no usemos ese dinero en inversión, formación e I+D.  Seamos serios, enfrentémonos ya a los problemas reales y no pongamos parches temporales. Es el momento de pedir a nuestros políticos que usen el nuevo crédito pensando en el largo plazo.

Vamos por el buen camino

Todo comenzó en mayo, cuando el Fondo Monetario Internacional recomendó a España que realizase modificaciones en su ley concursal para que las Administraciones Públicas perdieran su estatus privilegiado como acreedores. Más de uno en nuestro país, incluido el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, se echó las manos a la cabeza. ¿Cómo iba Hacienda a aceptar quitas en los procesos concursales o adherirse a un convenio al igual que el resto de los acreedores? ¿Por qué iba a perder la Administración Pública su estatus privilegiado? ¿Acaso las obligaciones tributarias de los contribuyentes no deben liquidarse íntegramente, ya que de ellas depende la recaudación para el bienestar social de los ciudadanos?¿No estamos mejor ahora que Hacienda sólo acepta quitas en acuerdos singulares y según para qué empresas?

Poco ha durado el culebrón. El pasado 5 de septiembre se aprobó en el Consejo de Ministros, siguiendo las recomendaciones del FMI, la modificación en la ley concursal por la que las Administraciones Públicas se verán sometidas al convenio general (con las quitas y esperas correspondientes) si así lo acuerda el 75% de los acreedores públicos. Al día siguiente se publicó en el BOE. Demasiado laxa desde mi punto de vista, pero vamos por el buen camino. Ha imperado el sentido común.

En España, el 95% de las empresas que se declaran en concurso de acreedores terminan en liquidación, frente al 70% en el resto de Europa. Esta diferencia sólo puede ser por dos motivos. O nuestras empresas son menos viables que las del resto de Europa o nuestras leyes son más duras con las empresas en dificultades. Yo me inclino por la segunda opción.

Debemos ser conscientes del duro camino que tiene que recorrer una mediana empresa, y de lo que debe arriesgar el empresario, para abrirse un hueco en un mercado cada vez más competitivo y global. Debemos tener claro que es necesario apoyarlas, ya que son el motor del empleo, de la economía y de la recaudación pública. Por eso, no debemos hacer desaparecer frívolamente una empresa operativamente rentable y viable sólo por tener un problema de deuda. Porque facilitarles la supervivencia es buena para todos. Mantienen el empleo, ofrecen bienes y servicios nacionales en España y en el resto del mundo y lanzan nuestra economía. Además, sus acreedores concursales cobrarán lo máximo que el negocio genere (frente a lo que generarían los activos en una hipotética liquidación). Y por si fuera poco, no nos olvidemos, los acreedores cobrarán la integridad de los créditos futuros, incluidos los que contribuirán a las arcas públicas durante el tiempo de vida de la empresa. Incuantificable.

Cualquier medida que se tome en esta dirección, bienvenida sea. Vamos por el buen camino.