sep 15, 2014
Vamos por el buen camino
Todo comenzó en mayo, cuando el Fondo Monetario Internacional recomendó a España que realizase modificaciones en su ley concursal para que las Administraciones Públicas perdieran su estatus privilegiado como acreedores. Más de uno en nuestro país, incluido el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, se echó las manos a la cabeza. ¿Cómo iba Hacienda a aceptar quitas en los procesos concursales o adherirse a un convenio al igual que el resto de los acreedores? ¿Por qué iba a perder la Administración Pública su estatus privilegiado? ¿Acaso las obligaciones tributarias de los contribuyentes no deben liquidarse íntegramente, ya que de ellas depende la recaudación para el bienestar social de los ciudadanos?¿No estamos mejor ahora que Hacienda sólo acepta quitas en acuerdos singulares y según para qué empresas?
Poco ha durado el culebrón. El pasado 5 de septiembre se aprobó en el Consejo de Ministros, siguiendo las recomendaciones del FMI, la modificación en la ley concursal por la que las Administraciones Públicas se verán sometidas al convenio general (con las quitas y esperas correspondientes) si así lo acuerda el 75% de los acreedores públicos. Al día siguiente se publicó en el BOE. Demasiado laxa desde mi punto de vista, pero vamos por el buen camino. Ha imperado el sentido común.
En España, el 95% de las empresas que se declaran en concurso de acreedores terminan en liquidación, frente al 70% en el resto de Europa. Esta diferencia sólo puede ser por dos motivos. O nuestras empresas son menos viables que las del resto de Europa o nuestras leyes son más duras con las empresas en dificultades. Yo me inclino por la segunda opción.
Debemos ser conscientes del duro camino que tiene que recorrer una mediana empresa, y de lo que debe arriesgar el empresario, para abrirse un hueco en un mercado cada vez más competitivo y global. Debemos tener claro que es necesario apoyarlas, ya que son el motor del empleo, de la economía y de la recaudación pública. Por eso, no debemos hacer desaparecer frívolamente una empresa operativamente rentable y viable sólo por tener un problema de deuda. Porque facilitarles la supervivencia es buena para todos. Mantienen el empleo, ofrecen bienes y servicios nacionales en España y en el resto del mundo y lanzan nuestra economía. Además, sus acreedores concursales cobrarán lo máximo que el negocio genere (frente a lo que generarían los activos en una hipotética liquidación). Y por si fuera poco, no nos olvidemos, los acreedores cobrarán la integridad de los créditos futuros, incluidos los que contribuirán a las arcas públicas durante el tiempo de vida de la empresa. Incuantificable.
Cualquier medida que se tome en esta dirección, bienvenida sea. Vamos por el buen camino.