Un año más por estas fechas tenemos proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Un año más comienzan su periplo por el Congreso, para pasar luego a la Comisión y al Senado, y regresar de nuevo al Congreso, donde serán aprobados definitivamente. Un año más, como siempre al final de cada legislatura, tienen cierto tinte electoralista teñido de optimismo.
A pesar de la desaceleración de la eurozona, el Gobierno ha revisado al alza el crecimiento de nuestra economía hasta un 2%. No sería la primera vez, ni será la última, que España crece mientras que el resto de países europeos se estancan. Spain is different. Pero no nos engañemos. Mientras nuestros socios y vecinos sigan sin despegar, nuestro crecimiento tiene fecha de caducidad. Y mientras tanto, ¿cómo afectan los nuevos presupuestos al mercado laboral? Parece que tenemos que celebrar que el año que viene se crearán 350.000 empleos reduciendo la tasa de paro al 23%. También tenemos que celebrar que si somos capaces de crecer al 2% de forma sostenida (algo que parece complicado) tardaremos solamente 10 años en recuperar los puestos de trabajo que se han destruido durante la crisis. ¿Acaso nos estamos volviendo locos? Es evidente que tenemos que tomar medidas más contundentes que la efímera reforma realizada, para mejorar un mercado laboral arcaico. Y debemos enfocarlo, aunque sea políticamente incorrecto, desde la reducción del salario mínimo y de las cotizaciones sociales.
La reducción del salario mínimo es obligada para reducir el desempleo juvenil que alcanza ya tasas superiores al 50%. Sin herramientas de política monetaria, hemos tenido que llevar a cabo una devaluación interna a base de reducir precios y salarios para mejorar nuestra competitividad exterior y poder comenzar nuestra recuperación. Sin embargo, el salario mínimo no ha acompañado a esta devaluación y lleva congelado desde 2011. El mercado laboral se rige, como cualquier mercado, por la ley de la oferta y la demanda. Cualquier intervención sobre los salarios dará lugar a desajustes o desempleo como muestra el gráfico ilustrativo bajo el texto.
La reducción de las cotizaciones sociales –una histórica recomendación del FMI- es una de las principales reformas que deben abordar los países del viejo continente si queremos recuperar competitividad y reducir las elevadas tasas de paro europeas. En el caso de España, no puedo dejar de echarme las manos a la cabeza al ver cómo en 2015 destinaremos 25.000 millones de euros a prestaciones por desempleo que serán financiados con las cotizaciones sociales actuales y futuras de los ocupados. De cada 100 euros de gasto que tiene una empresa por empleado (sin tener en cuenta provisiones para despidos, bajas médicas y seguros obligatorios), tan sólo 60 llegan al bolsillo de éste. ¿Hay alguna fórmula mejor para desincentivar el empleo? No es de extrañar que las empresas pierdan competitividad por los elevados costes laborales, ni que los trabajadores se quejen de los bajos salarios, ni que los desempleados se tomen con tranquilidad la búsqueda de trabajo, ni que el mercado laboral sumergido crezca.
El estado del bienestar está muerto. O por lo menos, tal y como lo tenemos concebido actualmente. No creo que la solución sea el modelo americano. Es bueno que haya un seguro de desempleo porque permite al trabajador buscar el empleo que mejor se adecue a sus características, pero que sea tan elevado y dure tanto tiempo no incentiva la búsqueda de empleo. Hay términos medios.
Lo que preocupa de estas medidas cargadas de sentido común es la recaudación y cómo cuadrar las cuentas. No se preocupen, la recaudación llegará sola con la generación de empleo. Y para el que no compre la idea, siempre será mejor compensarlo con impuestos indirectos y especiales, pero por favor, dejemos de gravar el trabajo.
Pedro Romero
Socio Director en CFG. Pedro es Licenciado en Farmacia por la U.C.M y M.B.A. por el Instituto de Empresa. Ha desempeñado funciones de dirección de expansión internacional y gestionado proyectos en fondos de inversión. En CFG se ha especializado en análisis de proyecciones financieras, planes de negocio y procesos de refinanciación.